Proceso abortado – Por Horacio Cárcamo Álvarez

Si se afirma que el proceso de alcaldes populares en Cartagena abortó, no es exagerado y lo corrobora la involución de la ciudad con las más dramáticas cifras de pobreza y pobreza extrema, la percepción mayoritaria que las cosas están peores, el deterioro de la infraestructura de servicios y los permanentes escándalos de corrupción; solo en el período anterior la ciudad tuvo 9 alcaldes. 

Con la descentralización política, fiscal y administrativa se pretendía fortalecer la democracia a partir de una relación directa de las comunidades con sus autoridades locales. También atender la inconformidad social que se pronunciaba – como ahora – con manifestaciones y expresiones de rabia al no encontrar las comunidades de manera oportuna una respuesta a sus necesidades. Como ha pasado siempre que aprobamos una reforma trascendental, la elección popular de alcaldes creó en el imaginario colectivo la esperanza de haber escogido el camino correcto para alcanzar la paz con movilidad social y justicia.

¿Por qué en Cartagena la elección popular de alcaldes ha traído más frustraciones que felicidad? Distinto a lo que sucede en la mayoría de los municipios de Colombia donde los gobiernos locales fueron cooptados por actores armados, por las casas tradicionales de la política, inicialmente, y por los financista como último fenómeno perturbador de la soberanía popular, en Cartagena, ni los uno, ni los otros han logrado elegir alcalde popular, por lo menos en los últimos cuatro períodos constitucionales (16 años). Los electores han optado por favorecer en las urnas al candidato anti establecimiento con menos probabilidades en el balotaje de las urnas en una acción  de libertad y conciencia política. 

Sin embargo, luego en el gobierno, los ungidos con el favor popular no recompensan a sus electores con las acciones administrativas anheladas por el pueblo que se ha enfrentado con valor y el solo recurso democrático del voto a quienes ha señalado como responsables de sus desgracias. Desde esa perspectiva los últimos alcaldes populares no solo han traicionado a la institución del alcalde popular, concebido axiológicamente como el representante directo del pueblo para quien debe gobernar, sino al voto popular puro con el que la ciudadanía se pronuncia para construir más soberanía popular. 

Mientras que en otras ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, para solo mencionar algunas, la liberación de los alcaldes populares de las mafias del clientelismo puro de compra y venta de votos les ha permitido mayor gobernabilidad y mejores índices sociales en Cartagena el mismo proceso se aborta desde el momento en que estos se posesionan del Palacio de la Aduana, bien por falta de identidad de clase, por física incompetencia, conejo electoral o todas las anteriores. 

Los candidatos conejeros se caracterizan por vender ilusiones en épocas de campaña, y por promiscuos; en el día recorren a pie, por las ondas sonoras de la radio y por las redes sociales los barrios populares donde juran amor y lealtad y por la noche, ya sin máscara le empeñan a los representantes del establecimiento, que el pueblo se propone derrotar esas mismas ilusiones para alimentar su arribismo.

Acá en Cartagena los últimos alcaldes elegidos popularmente que han derrotado a las maquinarias se han confundido premeditadamente o por ignorancia – o por las dos razones – al creer que la victoria limpia lograda en las urnas si se entiende como un hecho revolucionario, se puede asimilar al ascenso al poder a través de un proceso revolucionario armado; y eso no se puede. En el primer caso se triunfa en democracia motivo por el cual al momento de la posesión se jura cumplir y hacer cumplir las leyes, en el segundo se desconocen las leyes y la constitución pre-existente porque se trata de transformar el orden político, económico y social para organizar una nueva república.

En nuestra democracia el control político es la herramienta que permite al Congreso de la República y por transposición a los Concejos Municipales y a las Asambleas Departamentales enjuiciar las actuaciones del ejecutivo. El debate de moción de censura se debe controvertir con argumentos para desvirtuar los hechos que se acusan pero nunca satanizar, aun en medio del desprestigio y la falta de legitimidad que tienen los cuerpos colegiados en el país. 

El funcionario censurado, en el caso de Cartagena, tiene todo el derecho de convertir su sanción política de mala calificación gerencial en un tema para el discurso virulento de la plaza pública, pero el alcalde solo puede expresar su desacuerdo demandando la actuación administrativa del Concejo ante la autoridad competente.

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